El presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno ha anunciado que los andaluces no pagarán más por el Impuesto sobre el Patrimonio. Además de ser un impuesto anacrónico -apenas existe en Europa- , injusto -el contribuyente ya ha pagado antes- y confiscatorio -según gran parte de la doctrina-, el Sr. Moreno tiene el propósito de atraer 7.200 contribuyentes más a su tierra.
Prevé que con este plan la recaudación subirá a medio plazo puesto que, de conseguirlo, el efecto para las arcas de la comunidad autónoma será positivo porque generará inversión de personas que, a buen seguro, son emprendedores, y arriesgarán precisamente su patrimonio en la tierra en la que no les cobra sino que les premia por su esfuerzo de toda una vida generando riqueza. A todo esto, otros no lo ven venir. Con el mantra del “Estado del Bienestar y lo público” sólo tienen las luces cortas y no ven más allá de la recaudación inmediata.
Ya son 2, Madrid y Andalucía que compiten por atraer a personas -¿ricos?, ja- que defienden la cultura del esfuerzo, el riesgo, el emprendimiento y la empresa. ¿A qué esperamos en Castilla y León? Un impuesto que apenas recauda 29 millones de euros, por el contrario, provoca que se marchen de nuestra comunidad autónoma 6.000 personas que ahora invierten, viven, gastan en Madrid. Incluso, según un reciente estudio de la Universidad de Kentucky, el efecto obtenido ha sido el inverso al perder el 10% de la recaudación por este impuesto. Y mientras tanto, continúa la fuga de empresas hacia Madrid, ya que según la consultora Informa, 50 empresas se marchan a Madrid desde Castilla y León cada año. Es una lástima que una tierra tan atractiva como Castilla y León no sea capaz, al revés, de atraer inversiones y empresas de otros lugares explotando todo el valor que tenemos. Como decía el presidente de nuestra asociación EFCL, Pedro Palomo, en una entrevista: “Castilla y León necesita un director comercial”.
Por otro lado, en un país que cada vez es más pobre, que los ciudadanos han perdido más de un 10% de su poder adquisitivo este año, que las empresas lo han hecho en un 32% en proporción, y que por otro lado se estima que por esta circunstancia el Estado cerrará el año con más de 30.000 millones de euros de recaudación, ya es hora de que empresas y ciudadanos exijamos una auditoría de cada euro que ingresan los diferentes gobiernos. Pero este tema da para otro artículo.