El varapalo del Tribunal Constitucional ha sido de época. Ha declarado nulo el impuesto conocido como “plusvalía municipal” (técnicamente, impuesto sobre el valor del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana). Además de la paralización momentánea del cobro del tributo, la noticia abre la posibilidad de múltiples reclamaciones por las cantidades ya cobradas y ha puesto nerviosos a los ayuntamientos de toda España, para los cuales este impuesto venía a suponer más del 6% de sus ingresos.
El TC viene a declarar que el método de determinación de la base imponible no se ajusta a las operaciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, es decir que la base imponible del impuesto no guarda relación alguna con el precio real de compra y de venta de los inmuebles, lo que va en contra de la Constitución Española en el aspecto de que el tributo tiene que adaptarse al principio de capacidad económica.
Como en otras ocasiones, estamos ante un abuso de la ley, o mejor dicho, de los políticos y legisladores que, amparándose en la posibilidad que nuestra democracia les otorga como representantes públicos para regir a sus ciudadanos, sólo tienen en cuenta sus intereses recaudatorios en lugar del verdadero interés de las personas, que se ven en algunos casos en la indefensión absoluta de tener que cumplir con un impuesto –además de injusto- está mal diseñado de base con el único fin recaudatorio.
Para mí, el fondo de la cuestión es muy grave. Algunos incluso entienden que es una llamada de atención del Constitucional a los poderes públicos para que no abusen de su condición de políticos y legisladores y que no tengan la tentación de “ meter la mano” en el bolsillo de los ciudadanos sobre unos bienes que, en primer lugar, ya han tributado en varias ocasiones y que en otras, es imposible de pagar al no existir liquidez (por ejemplo en el caso de algunas herencias). Y es que el hecho de que existan las leyes no quiere decir que sean justas (léase cualquier libro de primero de derecho natural).
Sería más conveniente que los gestores políticos aprendiesen a gestionar el otro lado del balance: los gastos. Porque no sólo la Administración vive de los ingresos sino de gestionar adecuadamente el gasto público y el dinero que reciben de todos los españoles. Algún día, alguien también denunciará al TC la pésima gestión que se realiza en algunos casos por parte de nuestros mandatarios y exigirá responsabilidades.
Bienvenida la justicia que limita el poder político y defiende a los ciudadanos.